La ponderación de derechos que ha ejercido el Gobierno actual, es cuestionable, al haber determinado como actividad no esencial la administración de justicia; dejando así a millones de mexicanos sin acceso a la impartición de la misma, a pesar, de ser un DERECHO HUMANO, previsto en el artículo 17 de nuestra Constitución Política, que establece: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibido las costas judiciales”.
Aunado a la violación de derechos fundamentales de que hemos sido objeto los mexicanos al estar negados completamente de nuestro derecho de acceso a la justicia, cuestionamos dónde queda la responsabilidad del Estado para dotar de los medios necesarios para que continúe funcionando el Poder Judicial, al ser un derecho fundamental consagrado no solo en la Constitución; sino que en los tratados internacionales de los que México es firmante y lo vinculan; el Estado, debió y debe dotar de los aditamentos, medios y mecanismos necesarios para que continúen funcionando los organismos jurisdiccionales de manera pronta y expedita.
Pareciera que el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se fue por la línea federal y no conociera que el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de ésta ciudad, tiene funcionando, la plataforma denominada SISTEMA INTEGRAL PARA LA CONSULTA DE RESOLUCIONES, (SICOR) desde septiembre del año 2012, sistema que en un inicio, se mencionó y se alardeo que el objetivo era que los justiciables, tuvieran acceso a los expedientes, para consulta de su plataforma, mediante los mecanismos de control, verificación e identidad de las partes y abogados autorizados por éstas para poder ver acuerdos, audiencias celebradas, sentencias, incluso a presentar promociones vía electrónica, lo que de suyo al año 2020, es una falacia procesal, ya que ésta plataforma tiene un COSTO ELEVADO para poder ingresar y operar su servicio; por lo cual el porcentaje de litigantes y particulares que accesa al servicio es bajo.
En este momento, la pregunta es obligada….. ¡¡ Que el acceso total a la justicia del estado, no debe ser gratuita? Ante las circunstancias en las que nos encontramos actualmente por la crisis económica y el Covid 19, máxime que el acudir a los inmuebles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene gran afluencia de personas, será un foco de contagio inminente, en claro y pleno perjuicio de la salud de la ciudadanía; Qué piensa al respecto el Presidente del Tribunal?, Está consciente de ello, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaun?
Por último, Insistimos en que la privatización que realiza el propio TSJCDMX para proporcionar la información a través de SICOR, es violatoria del artículo 17 constitucional, ya que se ha condicionado de manera parcial el acceso a la justicia en plena violación de derechos humanos, cuando la administración de justicia, JAMÁS DEBIÓ CONSIDERARSE COMO ACTIVIDAD NO ESENCIAL, y segundo lugar, si existen los instrumentos o medios para implementar la procuración de la justicia, PORQUÉ LIMITARLA O CONDICIONARLA A UN PAGO DE SERVICIOS, CON “EL SICOR”, SI EXISTEN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INFORMAR A LOS JUSTICIABLES QUE DEBEN DE SER GRATUITOS, SIN COBRARSE EL ACCESO AL SICOR, ya que es obligación del Estado, el impartir justicia gratuita, pronta, expedita y más en una situación de excepción de riesgo de contagio, al acudir a los edificios (juzgados y salas) en el que estarán miles de personas, y será un peligro inminente el contraer el COVID-19; EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE LIBERAR TODOS LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EL ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA YA QUE AMBOS SON DERECHOS HUMANOS.
LIC. NELLY SÁNCHEZ ORTEGA
MEANA ABOGADOS
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